El sector de la energía eólica lleva mucho tiempo reclamando
un marco regulatorio estable y predecible que anime la inversión y que
incentive la generación eólica. El Gobierno respondió el pasado día 1 de
febrero con el Real Decreto Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema
eléctrico, que entran en vigor desde el 1 de enero. Lamentablemente, con estas
medidas no sólo no respondió a las expectativas del sector, sino que provocó un
profundo malestar.
Por medio del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el Gobierno
explicó que los costes del sistema eléctrico habían crecido y los ingresos
bajado por la caída de la demanda, y por ello se anunció que el objetivo era
evitar un nuevo incremento de la factura eléctrica para hogares y empresas. Con
ese fin, el Ejecutivo aplicó recortes a la retribución de las actividades
reguladas y modificó las primas a las renovables.
En primer lugar, se modificó el método para revisar
anualmente las retribución de las actividades reguladas del sistema eléctrico (el transporte, la distribución, los sistemas extrapeninsulares y las
primas al régimen especial). Hasta finales de 2012 la retribución se actualizaba
en función del IPC mientras que apartir de Enero 2013, pasará a depender de la inflación subyacente, que no
recoge la evolución de los precios de los productos energéticos y los alimentos
frescos.
Y en segundo lugar, y es aquí donde se produce el efecto más
pronunciado sobre la energía eólica y el resto de las renovables, se modifica
el Real Decreto 661/2007 que permitía a los productores del régimen especial
elegir en cualquier momento entre percibir una tarifa regulada fija o el premio
de mercado más una prima. El ministro Soria explicó que lo que conviene a los
productores no es lo que conviene al consumidor y de esta forma se evitará
el cambio en función de las condiciones del mercado.
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) respondió con dureza
al movimiento legislativo del Gobierno. En un comunicado, lamentó la falta de
diálogo previo a la aprobación del Real Decreto, recordando como la Ley del
Sector Eléctrico establece que los cambios normativos han de ser consultados
previamente a los actores implicados y pasar por el Consejo Consultivo de la
Electricidad.
Según la AEE, prácticamente un 80 por ciento de los parques
eólicos españoles se encuentran acogidos a la opción de cobrar el precio de
mercado más una prima y advierten que esto se convertirá en algo inviable
con los precios presentes del mercado y las previsiones futuras, con lo que
auguran que las pérdidas para el sector podrían ser de unos 300 millones de
euros sólo en 2013. El paso a actualizar los incentivos en base a la inflación
subyacente “supondrá de facto una reducción de la retribución”.
Además de las quejas de la AEE, los principales productores
de renovables firmaron un comunicado en el que lamentaron la discriminación
contra su sector que fomenta el Gobierno con su Decreto Ley y la falta de
seguridad jurídica para las renovables en España. La Asociación Nacional deProductores e Inversores de Energías Renovables (ANPIER), la Asociación deProductores de Energías Renovables (APPA), Protermosolar y la Unión EspañolaFotovoltaica (UNEF) recordaron que el ministro Soria obviaba cómo en 2008 las
primas eran una parte insignificante de los costes del sistema, cuando el
déficit tarifario ya superaba los 13.900 millones de euros, y que en el periodo
2005-2011 las energías renovables abarataron el mercado eléctrico en 7.607
millones de euros más que las primas recibidas.
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